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| El duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, en la sala del juzgado de primera instancia número 1 de Sanlúcar. /Fito Carreto |
Los tres hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la "Duquesa
roja" (actuales dueños por herencia del Palacio Condal de Mortera),
reclaman como parte de su herencia los fondos con los que la aristócrata creó
la Fundación Casa Medina-Sidonia, con uno de los archivos más importantes de
Europa, en un Juicio que comienza hoy.
La posibilidad de que, de aceptarse los argumentos de los hijos, este
patrimonio, catalogado como Bien de Interés Cultural, pueda dispersarse ha
llenado de incertidumbre el futuro de la Fundación Casa Medina Sidonia, con
sede en el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Este fue el objetivo con el que la "Duquesa roja", nombre que se
le dio por la lucha antifranquista de esta aristócrata que pasó por la cárcel y
el exilio, constituyó hace diecisiete años esta Fundación, a la que legó un
patrimonio que como su principal "joya" tiene un archivo con más de
seis millones de documentos, los más antiguos del siglo XIII.
Cuando firmó su último testamento, diez años después de que la fundación
estuviera constituida y ocho años antes de su muerte el 7 de marzo del 2008, la
"Duquesa roja" consideró que esos bienes que había donado estaban ya
fuera de su patrimonio y por eso no los incluyó en este herencia.
No es lo que piensan sus tres hijos, que en ningún momento impugnaron este
proceso hasta que hace tres años, cuando cada uno por separado y el mismo día,
interpusieron sendas demandas en las que reclaman la inoficiosidad de la
Fundación Casa Medina Sidonia y que los bienes que la integran, el Palacio y el
Archivo General, se integren en su caudal hereditario.
Con ello, creen que la duquesa donó más bienes de los que podía.
Los tres hijos (Leoncio, Pilar y Gabriel) reclaman que a ellos les
corresponde dos tercios de estos bienes: uno a repartir entre los tres hermanos
y otro para el mayor de ellos, el actual Duque de Medina Sidonia, como heredero
universal, y mantienen que su madre sólo podía donar lo que se conoce como el
tercio de libre disposición.
En el proceso se ha dado una valoración de esos bienes de sesenta millones
de euros, algo que José Gómez Villegas, portavoz del patronato de la Fundación
Casa Medina Sidonia, considera "pura teoría" dada la imposibilidad de
traducir a ninguna moneda el valor de un archivo que reúne documentos desde la
Edad Media de diferentes casas nobiliarias y que se ha convertido en un centro
de referencia para los historiadores.
El procedimiento también se dirige contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, al que reclaman la antigua iglesia de La Merced, que la duquesa
cedió al municipio en el que vivió tras su exilio y hasta su muerte, y contra
Liliane Dahlmann, viuda de la "Duquesa roja" y presidenta de la
Fundación.
A ella, los herederos de la duquesa también le discuten las ventas que su
madre le hizo poco antes de su muerte. "No son en realidad ventas, pues no
hay evidencia de pago real, sino donaciones o liberalidades a su favor, por lo
que deben ser integradas al caudal hereditario y repartidas con los demás
herederos, entre los que ella misma se encuentra", explica Leoncio Alonso
G. Álvarez de Toledo en una entrevista que hoy publica Diario de Cádiz.
En esta entrevista el actual Duque de Medina Sidonia reconoce que el
archivo "no se puede fragmentar de ninguna forma porque está protegido en
su integridad por leyes muy firmes, tanto a nivel de Estado como de la Junta de
Andalucía" y que "tampoco" está en su "intención" ni
puede concebir "la idea de su fragmentación".
"Esta firme convicción no es en absoluto contradictoria con la defensa
de los derechos hereditarios", asegura el duque, tras afirmar que su
objetivo en este pleito es "evitar la desvinculación real de los titulares
de la casa de Medina Sidonia, de presente a futuro, con el núcleo de su memoria
natural y documental".
Este complicado pleito será resuelto a partir de mañana en un juicio que se
celebra a lo largo de catorce sesiones en el juzgado número 1 de primera
instancia de Sanlúcar de Barrameda.
Un mes de juicio.
Un mes
exactamente es lo que ha durado el juicio del llamado caso Medina Sidonia,
por el que los tres hijos de la duquesa roja reclaman sus derechos sobre la
millonaria herencia de la aristócrata. Hasta ayer viernes, cuando quedó visto
para sentencia, tanto los hijos como la parte contraria han desfilado por el
juzgado número uno de Sanlúcar para esbozar sus argumentos y defender lo que
consideran es de justicia. Se da la circunstancia de que Leoncio, Pilar y Gabriel González de
Gregorio han acudido cada uno con su respectivo abogado, dado que
no todos coinciden en las mismas peticiones. El mayor, Leoncio, actual duque de Medina Sidonia, pide tanto la
parte legítima de la herencia como la parte de mejora. Pilar reclama su
legítima y Gabriel también solicita lo que le correspondería por la cesión de
la iglesia de la Merced que realizó su madre y que considera forma parte
también del legado.
Aunque
cada uno estaba representado por un abogado, lo cierto es que en muchos puntos
han estado de acuerdo, al existir intereses comunes. Javier Timermans, experto en
derecho nobiliario, es quien se ha encargado de la defensa de Gabriel, mientras
que Nicolás González representaba a
Pilar, y Eduardo Ferreiro a Leoncio.
Evidentemente la comunicación ha sido fluida, ya que enfrente tenían a Liliane Dahlmann, con quien la
duquesa se casó in artículo mortis, así como la propia Fundación y el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda, al que una parte reclama también la
antigua iglesia de La Merced, que la duquesa cedió al ayuntamiento años antes
de crear la fundación.
Durante
estas jornadas la tensión se mascaba en el aire, y es que no ha sido fácil para
ninguno estar en el mismo espacio y escuchar los diferentes alegatos. De los
hijos, el único que ha intercambiado alguna palabra con la viuda ha sido
precisamente Gabriel, quien, al igual que su hermano mayor, ayer se mostró
indignado tras escuchar al abogado que representa a la Junta de Andalucía en el último día
de conclusiones. El Gobierno andaluz no está dispuesto a que el valioso
patrimonio de la duquesa roja se disperse o cambie de manos.
«No
entendemos que la Junta se ponga a proteger a personas jurídicas,eso es una injerencia en un
asunto privado donde se discute la titularidad», explica a ABC
Leoncio, el mayor de los hermanos. «El argumento que dan es que no se podía
aplicar la legislación del Código Civil en lo relacionado a la legítima,
ya que se trataba de una dotación, cuando resulta que es muy claro en cuanto
que cualquier entrega de un bien a una persona tanto física como jurídica se
considera liberalidad si no se cobra nada a cambio. A la Junta le debe
preocupar que ese bien cultural esté bien conservado, esté dispuesto
a la difusión para la investigación y esté localizado, pero entrar en la
titularidad me parece una pretensión preocupante», explica el duque de Medina
Sidonia.
También
Gabriel está muy sorprendido por la manera en la que se implica la Junta de
Andalucía, y es que ellos consideran que su caso es muy parecido al del hijo de Camilo José
Cela contra la Fundación Cela, caso que finalmente ganó. «Lo
que ha hecho la Junta es escandaloso porque interfieren en el Estado de Derecho
con una sucesión de trampas para expoliar a los ciudadanos», argumenta Gabriel.
Ahora solo les queda esperar el veredicto.
Por Isabel Laguna Agencia EFE.
