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| La ya fallecida duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, en su Archivo Ducal - IVÁN BENÍTEZ |
La Audiencia Provincial de Cádiz da la razón a Leoncio Alonso, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo frente a Liliane Dahlmann, viuda de la duquesa, y se repone su derecho a la legítima
ABC
«Es una buena sentencia y una gran
noticia para nosotros, pues supone la reposición de nuestra legítima a los
bienes de mi madre. Por fin se reconoce nuestro derecho». Con estas palabras
Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo reaccionaba en conversación
telefónica con ABC al conocer la sentencia en la que se confirma la victoria
judicial en segunda instancia de ella y sus hermanos, Leoncio Alonso y Gabriel,
frente a Liliane Dalhmann -la viuda de su madre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo
y Maura, conocida como «la duquesa roja»- y la Fundación Casa Medina
Sidonia.
En el escrito de 95 folios del
Juzgado de Primera Instancia, con fecha de 22 de junio de 2018, al que tuvo
acceso ABC, se declara el derecho de los hermanos González de Gregorio a
percibir una participación indivisible sobre los bienes de la Casa Medina
Sidonia, que la duquesa Roja donó a la Fundación Casa Medina Sidonia antes de
morir. «Hay algunos cambios con respecto a la primera sentencia, pero deja
claro que no se han hecho bien las cosas desde la fundación, que han tenido una
postura obstruccionista. Nosotros, evidentemente no la vamos a recurrir, aunque
supongo que por la otra parte podría haber recurso ante el Tribunal Supremo»,
subrayó ayer Pilar González de Gregorio.
Dentro
del patrimonio de la fundación, que preside Liliane Dalhmann, se encuentra el
Palacio de los Guzmanes y el archivo de la Casa Medina Sidonia. Solo estos
documentos, según la sentencia, están valorados en 28.290.000 euros. Pilar
González de Gregorio hizo hincapié ayer en la importancia de estos archivos,
donde hay seis millones de escritos, algunos de ellos datados en la Edad Media:
«El archivo es fundamental para conocer más en profundidad la historia de
España». Sin duda, es lo que los tres hermanos más ponen en valor de todo el patrimonio
familiar y lo que les llevó a dar un paso más en el proceso judicial tras la
primera sentencia, emitida en 2015, donde se dictaminó que los González de
Gregorio recibieran cerca de 30 millones de euros en compensación por los
bienes que su madre cedió a la Fundación sin tener en cuenta lo que les
correspondía legítimamente.
«El
punto principal que interesa a mi clienta y a sus hermanos es el reconocimiento
de sus derechos legítimos», comentó ayer Nicolás González-Cuellar Serrano,
abogado de Pilar. «Las dos sentencias coinciden en lo fundamental, y es que se
ha visto que la creación de la fundación perjudicaba las legítimas de los
herederos, ya que todos los bienes que había en la fundación tenían un valor total
de 28 millones de euros y, cuando murió la duquesa la herencia que quedaba para
repartir ascendía a 800.000 euros». Esta nueva sentencia reconoce los
porcentajes para cada hijo. A Pilar y Gabriel les corresponden 5,5 millones de
euros y a Leoncio Alonso 16,1 millones, ya que además de la legítima estricta,
su madre le asignó el tercio de mejora. Estas cantidades sirven para probar la
intención de la duquesa: «Transmitir -según la sentencia- a su pareja
sentimental determinados componentes de su patrimonio en detrimento de los
derechos legitimarios de sus hijos».
El
otro punto importante para los González de Gregorio es que los archivos de la
fundación estén en buenas manos, ya sea porque la gestionen ellos en el futuro
o un ente público. En esto también se posiciona la sentencia tras calificar
como «fraudulentas» algunas operaciones de Liliane Dalhman y criticar la
«posición obstruccionista» de la fundación para «evitar cualquier atisbo de
transparencia y colaboración que pudiera servir para que por la vía particional
los legitimarios de una manera u otra adquirieran lo que por Ley, y testamento,
les correspondía en el patrimonio de la Casa Ducal». Por eso, los magistrados
entienden que «pese a los problemas que coyunturalmente puedan ahora surgir en
razón de las desavenencias latentes entre las partes en el proceso, lo cierto
es que la solución que proporciona la ley permite que un elemento tan
significativo del patrimonio cultural quede bajo la custodia compartida de
instituciones públicas y de los descendientes de la familia que lo
generó».
«La
sentencia es recurrible y habrá que analizar si se lleva a cabo un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo», contó ayer a este periódico el letrado
Gómez Villegas, quien defiende los interese de Liliane Dalhman y de la
fundación. «Mi clienta ha acogido el fallo de la sentencia con sorpresa». Si
recurren la sentencia, la batalla judicial continuará en el Supremo, hasta
entonces, aunque se hayan reconocido los derechos legítimos de los González de
Gregorio, el patrimonio no se puede repartir porque forma parte de la
fundación. «Para ellos, el tema de la partición ahora mismo es lo de menos. Lo
importante es que se les han reconocido sus derechos y saben que con esta
sentencia se salvaguarda el archivo histórico de la casa, que será gestionado
de la mejor forma posible».
